Tras los operativos realizados la semana pasada en locales de venta de ropa americana de la capital salteña, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Gustavo Herrera, respaldó el accionar judicial y advirtió sobre el impacto que el contrabando y la informalidad generan sobre el comercio formal.
La investigación, encabezada por el fiscal federal Carlos Amad, incluyó seis allanamientos entre locales comerciales, domicilios particulares y un estudio contable, en el marco de una causa por presunto contrabando, infracción a la Ley de Marcas y posible lavado de activos.
Durante los procedimientos se secuestraron más de 352 millones de pesos, 4.500 dólares y numerosos bolsones con mercadería.
En declaraciones a Radio Salta, Herrera afirmó que el contrabando “perjudica claramente al comercio local” y remarcó que el sector formal enfrenta una fuerte carga impositiva que vuelve desigual la competencia frente a los circuitos informales.
“Tenemos un socio con los impuestos nacionales, provinciales y municipales, que se llevan entre el 40 y el 50 por ciento del valor del producto”, señaló el dirigente empresarial.
Además, sostuvo que el avance de este tipo de maniobras ya no representa únicamente un problema comercial, sino también un fenómeno vinculado al delito económico.
Herrera aseguró que el comercio registrado atraviesa una situación crítica desde hace varios meses y afirmó que numerosos negocios operan por debajo de su punto de equilibrio. “Hace siete u ocho meses que el comercio formal está en caída”, expresó, al tiempo que vinculó el escenario con la baja del consumo y el crecimiento de compradores que priorizan únicamente el precio.
En contraste, la presidenta de la Cámara de Comercio “Comerciantes Unidos”, Carol Ramos, cuestionó los procedimientos y consideró que los allanamientos fueron excesivos.
Según manifestó también a Radio Salta, el operativo implicó “un destrato” hacia los comerciantes y sostuvo que ese tipo de intervenciones debería reservarse para delitos de mayor gravedad.
Ramos planteó que, si existían sospechas, la investigación podría haberse desarrollado con menor exposición pública y remarcó que el foco debería estar puesto en la frontera y en los grandes centros de acopio de mercadería ilegal, más que en los comercios minoristas.
